En este artículo, exploraremos la fascinante vida de Protestas en Colombia de 2021, un tema que ha capturado la atención de muchas personas a lo largo de la historia. Protestas en Colombia de 2021 ha sido objeto de estudio, debates y controversias, generando un gran interés en diferentes campos del conocimiento. A lo largo de los años, Protestas en Colombia de 2021 ha dejado una huella indeleble en la sociedad, influenciando la forma en que pensamos, actuamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. A través de este artículo, nos sumergiremos en los diversos aspectos de Protestas en Colombia de 2021, revelando su importancia y impacto en nuestra vida diaria.
Protestas en Colombia, 2021
De arriba abajo, en el sentido de las agujas del reloj: Jornada de manifestaciones del 1 de mayo en Cali. Manifestantes dialogan con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Medellín. Manifestaciones en Cali contra la reforma tributaria.
Las protestas en Colombia de 2021, denominadas también estallido social de Colombia, o simplemente "el estallido", fueron una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta reestructurante, postuladas en forma de Paro Nacional, la organización, movilización y protestas sociales se extendieron con gran intensidad, al menos, hasta diciembre de 2021, enfrentándose al uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública colombiana. Son consideradas las protestas más extendidas en la historia republicana del país.
La retoma de la solicitud de acción para la solución de otras problemáticas sociales que se había iniciado 18 meses antes en el Paro Nacional de 2019-2020. Su desarrollo se ha dado durante la pandemia de COVID-19, siendo una de las causas del incremento de la tasa de contagios en el país. Las manifestaciones se vieron afectadas por personas infiltradas en las manifestaciones que causaron vandalismo dañando las propiedades públicas y privadas, la violencia de las partes en conflicto, y la respuesta armada por parte de civiles opositores a las marchas, siendo registrados más de 70 manifestantes fallecidos en tal contexto y otros cientos reportados como desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condeno las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas. El expresidente Iván Duque se había negado a aceptar una visita de trabajo inmediata de la CIDH a Colombia, la cual fue realizada el 8 de junio.
En septiembre de 2023, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-372, declarando que el gobierno de Iván Duque había vulnerado derechos de la ciudadanía al haber obstruido la «libertad de expresión, de reunión y de asociación» después de no informar de los cortes de internet durante las protestas en Colombia de 2021.
Durante el gobierno de Iván Duque Márquez (electo para el periodo 2018-2022) se han presentado varias protestas, movilizaciones sociales y manifestaciones como el paro universitario de 2018, realizado entre los meses de octubre y diciembre de ese año; las protestas de 2019-2020, desencadenadas por el descontento social frente a las políticas del gobierno;
las protestas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de la policía y una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre de 2020; la Minga del Suroccidente Colombiano, y la jornada de conmemoración del Paro Nacional el 21 de noviembre; la peregrinación por la vida y por la paz realizada por excombatientes de las FARC-EP.
Varios de los reclamos de estas protestas, movilizaciones y manifestaciones son motivo del descontento social (otra de las causas del paro nacional) se han mantenido o agravado. El Comité Nacional de paro que había convocado a las protestas en Colombia de 2019-2020 no llegó finalmente a un acuerdo con el Gobierno de Colombia.
Las investigaciones sociales hablan de dos fases de estallidos sociales latinoamericanos, que precedieron gobiernos progresistas: una primera, que inicia con el Caracazo, en Venezuela, en 1989; continúa con las manifestaciones contra el corralito, en Argentina, en 2001, y las guerras del gas y del agua, en Bolivia, también en 2001 y 2003; y los levantamientos indígenas y populares en Ecuador, en 1997, 2000, 2005 y 2006. Una segunda ola inicia con el estallido social en Chile, 2019, y en Colombia, en 2021.
Reforma tributaria: siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional y denominada por el gobierno como Ley de Solidaridad Sostenible: propuesto por el gobierno nacional y del entonces ministro de HaciendaAlberto Carrasquilla, que busca aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el Impuesto de Valor Agregado (IVA) afectando a los productos de primera necesidad, y a los servicios públicos básicos (agua, energía eléctrica, gas natural, telefonía pública) servicios funerarios y otros servicios hasta ahora extensos. Lo cual le permitiría al gobierno recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6300 millones). El gobierno, por su parte, justificó esta reforma aduciendo que es necesaria para poder aumentar la cobertura y garantizar la persistencia del programa Ingreso Solidario, una iniciativa de apoyo económico a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica. Alberto Carrasquilla confesó en una entrevista su ignorancia sobre los precios de los alimentos básicos de los colombianos, estimo en 1800 pesos colombianos una docena de huevos, una cifra 64% más baja de la real. En la misma entrevista, Carrasquilla aseguró tener fama entre su familia de despilfarrador. Estas declaraciones enfurecieron a muchos colombianos.
Reforma a la salud y a la pensión: Planteando cambios en el sistema de las entidades promotoras de salud (EPS). Se propone una regionalización del sistema de salud, propone crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas, contempla nuevos mecanismos de pago y contratación, la creación del Fondo de Investigación en Salud (FIS). También piden la derogación del decreto 1174 de 2020 sobre las pensiones en Colombia.
Descontento social: Manifestado ante los incumplimientos a los Acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP (274 excombatientes asesinados desde el 2016), la continuidad de masacres y asesinatos de líderes sociales y el incremento en las masacres de civiles en el país, el anuncio del retorno de fumigaciones con glifosato, la compra de material bélico en medio de la crisis económica y sanitaria (tanquetas para el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, y refuerzos para las mismas, los planes de compra de aviones de combate, reversados por las protestas). Sumados a los 6402 casos de falsos positivos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Manejo de la pandemia: Producto de la corrupción denunciada por la Procuraduría General de la Nación; la insuficiencia en subsidios y atención a la población, según El Comité Nacional del Paro y Merike Blofield, directora del German Institute for Global and Area Studies, de los actuales programas de apoyo económicos proporcionados por el Gobierno Nacional; el controvertido manejo del Plan Nacional de Vacunación, el cual, se estaría llevando a cabo con atrasos, luego de procesos de adquisición que, afirma la oposición, han sido poco transparentes y demorados. El senador Gustavo Petro, líder de un sector de la oposición y del denominado Pacto Histórico por Colombia, y cuya vocería y liderazgo durante las protestas han generado controversia, ha criticado el manejo de la pandemia, alegando la insuficiencia de los apoyos económicos para la población.
Situación económica: La grave e inestable situación económica del país, derivada de la pandemia del COVID-19, fue uno de los principales factores; de hecho, el 28 de abril de 2021 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó un aumento del 6,8 % en la pobreza del país, un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, lo cual significó que el nivel de pobreza en el país subió a 42,5 %. Otros factores fueron la grave devaluación del peso colombiano, la cuarta peor de las monedas emergentes, que provocó el aumento del precio de las importaciones, y la inflación, que fue de 0,58 % mensual en abril de 2021.
Participación de la oposición: Los partidos de oposición reclaman a Iván Duque el no haber sido incluidos en los diálogos para la redacción de una nueva reforma tributaria, luego de que el proyecto original fuera retirado el 2 de mayo. El presunto fraude electoral materializado en la información obtenida por la Fiscalía General de la Nación con audios que vinculan al "Ñeñe" Hernández, un narcotraficante, con una auxiliar de la Unidad Legislativa del senador Uribe Vélez llamada Cayita Daza, que habría beneficiado a Iván Duque sobre Gustavo Petro, durante las elecciones presidenciales de 2018, y los constantes reclamos de éste, quien además ha desconocido la legitimidad del gobierno de Iván Duque, respecto a la obstaculización a la participación política de su movimiento, Colombia Humana.
Brutalidad policial: La violenta represión por parte de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hacia las protestas, además de la violación a los Derechos Humanos y los constantes casos de asesinatos, uso excesivo de la fuerza y violaciones, han revivido la exigencia de reforma estructural a la policía y el desmonte del ESMAD.
El 7 de mayo se hicieron públicas las demandas del Comité Nacional del Paro. Las medidas solicitadas superan los 80 billones de pesos, más de 3 veces la reforma inicial propuesta por el presidente Iván Duque que buscaba recaudar entre 23 y 25 billones de pesos.
Organizadores
Las movilizaciones fueron, inicialmente, convocadas por el Comité Nacional de Paro (CNP), organizaciones estudiantiles, como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) y movimientos identitarios, según el historiador Medófilo Medina. El CNP estaba conformado por: Central Unitaria de Trabajadores (CUT): presidente, Francisco Maltés; Confederación Nacional del Trabajo (CGT): presidente, Percy Oyola; Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC): presidente, Luis Miguel Morantes; Confederación de Pensionados de Colombia (CPC): vocero José Antonio Forero; Confederación Democrática de los Pensionados (CDP): presidente, John Jairo Díaz; Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode): presidente, William Velandia; Dignidad Agropecuaria: vocero Óscar Gutiérrez; Cruzada Camionera: presidente Gustavo Betancur.
También se han unido al paro sectores como los indígenas: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO); estudiantes, campesinos, comunidades negras, comunidad LGBT, transportadores, artistas, feministas, ecologistas, partidos, organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos, personas con discapacidad, barras futboleras, entre otros sectores.
Sin embargo, diferentes comunidades se han declarado autorrepresentadas, desconociendo a los voceros del comité nacional de paro. Varias comunidades de las ciudades más afectadas por la violencia, se han organizado de manera autónoma para realizar preparación y repartición de alimentos, realización de murales artísticos, fiestas de protesta, jornadas de pedagogía sobre las causas y objetivos de las manifestaciones, asambleas y otros espacios de participación. Se destacaron en las movilizaciones las "Primeras Líneas" (en Bogotá, Cali y en otras ciudades) y, en cuanto a la organización, la Unión de las Resistencias en Cali, así como comités locales que fueron reconocidos como interlocutores por algunos alcaldes y gobernadores.
Cronología
Abril
Desde el 27 de abril se dio inicio a las movilizaciones campesinas en contra de las aspersiones con glifosato en Anorí (Antioquia). Entre el inicio oficial el 28 al 30 de abril, se presentan protestas, movilizaciones sociales manifestaciones artísticas, cacerolazos, derribo de estatuas y disturbios en: Bogotá, Cali, Pereira, Pasto, Neiva, Popayán, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Soacha, Medellín, y entre otras ciudades y municipios. Campesinos y transportadores bloquearon las vías de: Cali - Buenaventura, la Vía Panamericana, Bogotá - Tunja, y Bogotá - Facatativá,, Arauca - Bogotá, Tame - Duitama, Saravena - Pamplona, entre otras vías del país. En Buenaventura, el 30 de abril las instalaciones del puerto fueron bloqueadas por los trabajadores.
Mayo
Entre el 1 y 5 de mayo, cuarta a octava jornadas del paro nacional, se presentan movilizaciones, protestas, derribo de estatuas y disturbios en: Medellín y Cali (donde hubo militarización de la ciudad, enfrentamientos, abusos de autoridad, disparos, violaciones a los Derechos humanos y en Cali el asesinato del joven Nicolás Guerrero "Flex" en la madrugada del 3 de mayo presuntamente por parte del SMAD. En Siloé (Cali) individuos enmascarados y con uniforme de la policía ejecutaron una masacre. La ONG británica NetBlocks, confirma la interrupción del servicio de Internet en Cali, el 5 de mayo en medio de disturbios entre los manifestantes y la Fuerza Pública). En Bogotá intentaron irrumpir en el Capitolio Nacional, sede del Congreso Nacional, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional aterrizó sin autorización en un Colegio de la localidad de Bosa), en Ibagué, Bucaramanga, Manizales y Pereira (manifestantes fueron atacados a tiros desde un carro particular) en este hecho es herido de gravedad el estudiante Lucas Villa, el cual recibe 8 impactos de bala, fue declarado con muerte cerebral, hasta su fallecimiento confirmado por su familia el 11 de mayo, en Barranquilla, Cartagena (intentan derribar la estatua de Pedro de Heredia), Pasto, Villavicencio, Yopal, Neiva, Popayán, Valledupar, San José del Guaviare, Mitú, Buga (presunto ataque desde helicóptero, otra versión es de armados vestidos de civil disparando al helicóptero), y otras poblaciones del país. Se presentan bloqueos de vías en todo el país y quema de peajes. En Miami una avioneta sobrevuela con mensaje en contra del expresidente Álvaro Uribe. Se presentó la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, así mismo se suspendieron los encuentros de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por el Paro Nacional. Anonymous hackeó a la página del Ejército Nacional y revelaron claves de algunos funcionarios. Algunos sectores políticos solicitan al gobierno declarar el estado de conmoción interior.
Durante el 6 y el 10 de mayo, novena a decimotercera jornada de protestas, disturbios, derribo de estatuas en: Bogotá, (disturbios en el portal Américas y el Portal Suba), Bucaramanga, Cali (donde se presentaron hechos confusos relacionados con un camión y sujetos armados, Habilitada vía para corredor humanitario, para alimentos, medicamentos y combustible; incidentes con civiles armados dispararon contra miembros de la Minga Indígena en la Universidad del Valle), Barranquilla, Riohacha, Neiva, Popayán, Medellín, Pereira, Cúcuta, Gachancipá (donde se habría presentado exceso de fuerza) Florencia Sincelejo, Lorica, Dagua Yopal, Bucaramanga. y en otras poblaciones del país. Bloqueos en vías del país como la vía Bogotá-Villavicencio, en Huila, entre otras. Durante el fin de semana, colombianos residentes en el exterior se congregaron en apoyo al paro.
Del 11 al 15 de mayo, decimocuarta a decimoctava jornadas de protestas, disturbios, manifestaciones en: Bogotá (en el Portal Américas, y en el Monumento a los Héroes), Cali (Iván Duque visita la ciudad en la madrugada, la Minga Indígena salió de Cali y se asentó en Caldono, Cauca), Barranquilla (alrededor del estadio Romelio Martínez durante los partidos Junior-River Plate y América-Mineiro), Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio (marchas de campesinos), Tunja, Ibagué, Popayán (una menor de edad se habría suicidado tras ser detenida, ultrajada y agredida sexualmente por miembros del ESMAD). Buga (helicópteros en instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y en otras poblaciones del país. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) se pronunciaron sobre el paro.
Según una encuesta de Datexco, el 75 % de los colombianos apoya el paro nacional. Se solicita ubicar a 168 personas desaparecidas. El comité nacional de paro entra a negociar con el gobierno, desde el 14 de mayo. El gobierno colombiano fue demandado ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad. Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó permiso para visitar el país después de diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Entre el 16 al 31 de mayo, decimonovena a treinta y tres (cumpliendo un mes) de jornadas de protestas, plantones y disturbios en: Bogotá (Portal de Las Américas, plantones de hinchas contra la Copa América en la Federación Colombiana de Fútbol);), Cali (concierto sinfónico en Loma de la dignidad; renuncia del Comandante de Policía de Cali), Cúcuta, Medellín (minga indígena de Antioquia), Piedecuesta, Yumbo, Barranquilla (movilización de mujeres), Tuluá (quemado el palacio de justicia). Bloqueos persisten en las vías del país como Sogamoso - Duitama y Medellín-Bello. El 21 de mayo una manifestación del Movimientos de Mujeres del Caribe bloqueó durante 7 horas el cruce de Chambacú, en Cartagena. El puerto de Buenaventura continuó bloqueado. Entre el 28 de abril y el 21 de mayo se han registrado 2.151 bloqueos de vías en todo el país. Es retirado Colombia como sede de la Copa América 2021, y presenta su renuncia el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos, quien lideraba las conversaciones con el Comité nacional de paro. Se presenta un debate de moción de censura al ministro de Defensa Diego Molano, en el Congreso de la República, la cual es negada con 69 votos en contra y 31 a favor. Se aprobó la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicialmente negada para el 8 de junio.
Junio
Del 1 al 28 de junio, treinta y cuatro a sesenta y uno (dos meses) de jornadas de protestas, saqueos, plantones, asambleas populares y disturbios en las diferentes ciudades del país principalmente en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Pasto entre otras. Se ordenó levantar los bloqueos en las vías, algunos de los cuales persisten al 7 de junio según el Ministerio de Defensa. Así mismo avanzaron las negociaciones entre el gobierno y el comité nacional de paro. Pero el 6 de junio, el Comité nacional de paro suspendió unilateralmente las negociaciones con el gobierno, ya que este último "no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del pliego de emergencia”; además, se inicia la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante 3 días. Se denuncia que un Diputado Argentino, Federico Fagioli, participó de un plan para "desestabilizar" Colombia mediante el Paro.
El 13 de junio, se inauguró el Monumento a la Resistencia en Cali, para homenajear a todos los muertos durante las jornadas del Paro Nacional. El monumento se erigió por los manifestantes, en la zona de Puerto Rellena (Llamada Puerto Resistencia por los manifestantes), una de las zonas con violencia, manifestaciones y protestas multitudinarias.
Para el 17 de junio, la iglesia católica solicitó al gobierno y al comité nacional de paro reanudar el diálogo.
Las protestas continúan pese al anuncio del comité nacional de paro de suspender temporalmente las movilizaciones y sin haber llegado a acuerdos con el gobierno nacional. Según encuesta, más de la mitad de los colombianos consideran que el paro no sirvió para nada.
Julio
El 7 de julio se publica un informe de 48 páginas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde lanza duras críticas al manejo dado por parte de gobierno colombiano a las protestas con el uso desproporcionado de la fuerza, las desapariciones, violencia contra periodistas y misiones médicas, uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar. También recomienda en el mismo informe separar la Policía del Ministerio de Defensa, limitar las sanciones de funcionarios elegidos por voto popular y prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar del orden público. El presidente Iván Duque reaccionó al informe cuestionando el mandato de la comisión, manifestando que "nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad", a pesar de que el informe de la CIDH nunca menciona algo parecido.
Para el 20 de julio, día de la Independencia de Colombia, el Comité Nacional De Paro convocó nuevamente a una gran movilización de manifestaciones en todo el país, con asistencias masivas en las grandes capitales. El 22 de julio es atacada a tiros en Cali la ciudadana alemana Rebecca Sprößer, quien se unió al Paro Nacional como parte de la Primera Línea de la ciudad, luego de publicar en sus redes sociales los abusos cometidos por la Fuerza Pública contra los manifestantes, siendo salvada por su acompañante quien recibió 13 impactos de bala, falleciendo este días después. Luego de instaurar la denuncia ante la Fiscalía por el atentado en su contra, es detenida por Migración Colombia para su proceso de deportación y expulsión del país, argumentando el gobierno que la alemana aparentemente realizaba actividades diferentes a las establecidas para su ingreso al país. El 28 de julio se realizan marchas a nivel nacional, conmemorando tres meses del inicio del Paro Nacional, enfrentamientos entre el ESMAD y participantes de la jornada en Bogotá y Bucaramanga.
Agosto
Para el 7 de agosto, se realiza a nivel nacional una nueva jornada de marchas, con disturbios en Bogotá y Bucaramanga por enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Persisten los enfrentamientos entre la Primera Línea y el ESMAD en diferentes localidades de Bogotá en los días siguientes. Entre el 9 y el 12 de agosto, en Suba (Bogotá) se presentan enfrentamientos entre la Primera Línea y el ESMAD, en donde resulta quemado un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP). Los hechos ocurrieron en el marco del desalojo de los jóvenes que se encuentran acampando para detener las obras de infraestructura en el Humedal Tibabuyes que afectan al ecosistema. El 12 de agosto, se presentaron disturbios entre comerciantes de San Andresito San José y el ESMAD en el centro de Bogotá, debido a los operativos de mercancías por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
El 23 de agosto, en el barrio La Pamba (Popayán), fue asesinado Esteban Mosquera: líder estudiantil, estudiante de música de la Universidad del Cauca y comunicador popular, quien participó y fue activo en las protestas por la Reforma tributaria de Colombia de 2021 y en el Paro nacional universitario en Colombia de 2018, donde perdió el ojo izquierdo por el impacto de un artefacto de gas lacrimógeno disparado por un miembro del ESMAD. Fue abordado por dos sicarios en motocicleta que le dispararon en varias ocasiones.
El 26 de agosto se organizó a nivel nacional una nueva jornada de protestas en el país, rechazando la negligencia del gobierno nacional ante las masacres perpetradas por los grupos irregulares (67 este año), el reiterado ataque y asesinato de líderes sociales y el exterminio de 283 excombatientes de las FARC-EP en los últimos 5 años, denunciando además la persecución de las autoridades a manifestantes.
Septiembre
El 5 de septiembre, se presentó una protesta en Madrid por parte de colombianos residentes en España, rechazando la visita del presidente colombiano Iván Duque a la Feria del Libro celebrada en la capital española. Para el 9 de septiembre, se realizan protestas en Bogotá y Medellín en conmemoración al asesinato de Javier Ordóñez y 13 personas más, el año anterior en Bogotá durante las protestas por la muerte de Javier Ordóñez. Durante el 28 de septiembre se registraron marchas y protestas a nivel nacional, conmemorando un mes más del Paro Nacional, algunas terminaron en enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD.
Octubre
El 7 de octubre, en visita diplomática de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se presentaron protestas por colombianos residentes en Francia. También en su visita a Estados Unidos, el 16 de octubre fue abucheada por colombianos residentes en ese país. Para el 20 de octubre se presentan movilizaciones en las principales ciudades del país. El 28 de octubre se presentan disturbios en Bogotá.
Noviembre
El 5 de noviembre se anunció que el gobierno colombiano había incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante el 25 de noviembre se presentaron nuevas movilizaciones en Bogotá (donde se registraron enfrentamientos en algunos puntos de la ciudad), Medellín, Barranquilla, Cali y otras ciudades de país, conmemorando el inicio de las protestas nacionales.
Diciembre
Entre el 9 y el 10 de diciembre llega la Minga indígena del Cauca a Cali, en protesta por el continúo asesinato de sus miembros y con actividad de reconciliación con habitantes de Cali afectados durante las protestas de los meses anteriores. El 28 de diciembre se presentaron protestas en Bogotá, en el Portal de las Américas, tras de lo cual se anunció en enero de 2022, un operativo por el Ministerio de Defensa e Iván Duque.
Nueva jornada nacional de movilizaciones el 9 de febrero de 2022 convocadas por el Comitè Nacional del Paro, provocando congestiones en las vías de las principales ciudades en el país y en algunos sectores enfrentamientos con el ESMAD.
Marzo
Jornada nacional de protestas el 3 de marzo. En Cali, la Primera Línea anunció que no apoyara las protestas para no influir en el resultado electoral en las elecciones legislativas a realizarse ese mes.
Abril y mayo
Conmemorando un año del llamado "estallido social de Colombia", el Comité Nacional del Paro convocó manifestaciones para el 1 de mayo pese a que las protestas iniciaron el 28 de abril del año pasado; sin embargo, algunas organizaciones se movilizaron de manera masiva el mismo día que inició el estallido social en el territorio nacional con algunos desmanes.
Según algunas ONG´s, en lo transcurrido del año en las manifestaciones se habla de un muerto por parte de las autoridades estatales conta un miembro de la Guardia Indígena, 54 heridos, 162 detenidos, 16 allamientos, 4 agresiones contre defensores de Derechos Humanos y 239 hechos de violencia de parte de la Policía, dejando en duda el acatamiento del gobierno a las recomendaciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 para el manejo del Paro Nacional, además de estigmatizar la protesta social tratando de "criminales" a quienes participan de las manifestaciones contra las políticas gubernamentales. Unos panfletos en Cali anunciaban protestas para el 29 de mayo; sin embargo, la alcaldía de esa ciudad desmintió la veracidad de los mismos.
Junio
En la semana previa a la Segunda Vuelta de las elecciones presidenciales, la Fiscalía General de la Nación captura y judicializa a 32 miembros de la llamada Primera Línea en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, acusándoles de delitos como tentativa de homicidio, secuestro, tortura, terrorismo, fabricación o porte de estupefacientes, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, obstrucción en vía pública, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y concierto para delinquir, entre otros. En declaraciones a la prensa, el Fiscal General Francisco Barbosa hace un balance general de 163 capturados y más de 100 allanamientos a miembros de la Primera Línea desde el inicio de su ofensiva contra este grupo. En su discurso de victoria, el electo Presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicita al Fiscal General la liberación de los jóvenes detenidos por ser miembros de la Primera Línea, petición rechazada de tajo por el Fiscal Barbosa manifestando que él como próximo mandatario "debe pedirle al Congreso que cambie la ley y no al Fiscal General si quiere liberar a los detenidos".
Respuestas del gobierno
El 28 de abril, se ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en las ciudades, y se decretaron toques de queda en varias ciudades del país. Dos días después, el presidente Iván Duque anunció la construcción de un nuevo texto de reforma tributaria. Al día siguiente, autorizó la militarización de las ciudades de Colombia.
El 2 de mayo, Duque anunció el retiro del proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República, y que convocaría partidos políticos para realizar un nuevo proyecto tributario, sin embargo, no convocó partidos de oposición para dicho proyecto. El 3 de mayo renunciaron el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el Viceministro General de Hacienda Juan Alberto Londoño. El gobierno postuló a Carrasquilla como candidato para la presidencia del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. Nombrado José Manuel Restrepo, (anterior Ministro de Comercio) como Ministro de Hacienda. El mismo día el ministro de defensa Diego Molano acusó a las Disidencias de las FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de supuestamente financiar y participar violentamente en las protestas.
El 5 de mayo, Miguel Ceballos, Alto comisionado para la paz anunció que se realizaría reunión con el Comité Nacional de Paro el 10 de mayo, La fecha fue establecida a petición del Comité del Paro. Además anunció 11 reuniones con diferentes sectores sociales, económicos y políticos del país. Duque anunció capturas y recompensas por autores de delitos y vandalismo.
Para el 6 de mayo el Congreso de la República realiza sesión especial con representantes del Comité Nacional de Paro. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, denuncia sin tener pruebas una supuesta injerencia de Nicolás Maduro en las protestas. El 7 de mayo Duque se reunió con los miembros de la "Coalición de la Esperanza", encabezados por los ex-candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, y por distintos senadores y representantes a la cámara, se reunieron con el presidente Duque solicitando el cese a la represión y que inicie negociaciones con el comité de paro. Duque dio la orden de desplegar a las Fuerzas Militares en Cali.
El 10 de mayo el presidente Iván Duque se reunió con miembros de Comité nacional de paro, sin llegar a un acuerdo. Al día siguiente anunció gratuidad en matrícula de educación superior para estratos 1, 2 y 3 solamente para el semestre 2021-2. Desde el 17 de mayo, reuniones entre representantes del gobierno y del Comité nacional de paro, sin resultados y escasos avances al 23 de mayo. Iván Duque anunció el despliegue de la Fuerza Pública para desbloquear vías del país. El 22 de mayo se presentó la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien encabezaba las negociaciones con el Comité del Paro.
Además, el 22 de mayo se hicieron virales videos del presidente Iván Duque que la prensa ha catalogado como autoentrevista. En dichas piezas audiovisuales se muestra a Duque respondiendo lo que a simple vista, parece ser un periodista que nunca se ve, en dichos metrajes Duque señala al ex-senador y actual presidente Gustavo Petro (sin mencionarlo directamente) cómo el autor intelectual de la crisis social que vivió Colombia durante el primer semestre de 2021, indicando además que Petro ha sido el principal obstáculo de su gobierno desde el día que asumió su cargo como presidente. La curiosidad de los videos recae en que Duque habla en inglés, aspecto que ha sido criticado por muchos siendo que Colombia es un país mayoritariamente hispanohablante.
Poco después, la emisora Caracol Radio afirmó que las piezas audiovisuales fueron producidas por el equipo digital del Palacio de Nariño. A través del portal La línea del medio, se reveló que Luigi Echeverri, amigo personal y exasesor del presidente Duque, estaría circulando videos por WhatsApp, con el mensaje “Exclusive interview with Colombian President Iván Duque”, para consumo en el exterior y, particularmente, en Estados Unidos.
El 26 de mayo se nombró a Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y Consolidación de las Regiones, para retomar las conversaciones con el Comité nacional de paro, retomar los preacuerdos e iniciar las negociaciones del pliego de emergencia.
El 28 de mayo, el presidente Iván Duque después de un día de manifestaciones y disturbios en Cali y en el Valle del Cauca, que dejaron trece muertos, ordenó el máximo despliegue de asistencia militar para la Policía Nacional de Colombia, según Duque "para garantizar la protección de todos los activos estratégicos de la Nación, la productividad y logística". Para el 29 de mayo, Iván Duque ordenó la asistencia militar en Popayán y en Cauca, "por acciones graves de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad, agresiones a la infraestructura pública, robo de armamento de una URI, hurto de estupefacientes incautados y quema de expedientes". Ese mismo día, Duque hizo un recorrido por los barrios de Cali, en Ciudad Jardín (barrio de estrato socioeconómico alto) fue recibido con aplausos, mientras que en las zonas del centro y sur, donde se han desarrollado gran parte de las protestas, fue insultado y abucheado.
El 6 junio, Duque anunció una supuesta reforma a la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa, la cual únicamente incluía cambios de color en los uniformes y patrullas, entre otros aspectos. Para el 8 de junio, el partido de gobierno, rechazaba en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la propuesta de la oposición (apoyada por los manifestantes), que buscaba reestructurar la institución policial, pasándola del Ministerio de Defensa a la cartera de Interior, convirtiéndola en un organismo civil y no de doctrina militar, además de incluir protocolos de DD. HH. en el control de protestas, la regulación del uso de la fuerza en las mismas y el juzgamiento por la justicia ordinaria (limitando la impunidad) de los casos de brutalidad policial (actualmente estudiados por la justicia militar).
Para el 13 de junio, se anuncian diálogos regionales, en por lo menos 200 mesas locales, según Emilio Archila representante del gobierno, ante la suspensión de negociaciones con el Comité nacional de paro la semana pasada. El 16 de junio, fue rechazada en la Comisión sexta del Senado de la República, el proyecto para implementar la matrícula cero en las universidades públicas del país.
Se han denunciado alrededor de 75 muertos durante las protestas. La Defensoría del Pueblo ha confirmado por lo menos 42 civiles fallecidos en las protestas, y se reportan 2 policías muertos. El 3 de junio, la ONG Temblores denunció 45 muertes verificadas, 3789 casos de violencia policial, 25 víctimas de violencia sexual y 1649 detenciones arbitrarias. Mientras que la ONG Human Rights Watch denunció 67 muertes verificables desde el inicio de las protestas. Varios de los manifestantes muertos como el líder estudiantil Lucas Villa, la menor Alison Salazar y Nicolás Guerrero "Flex" se convirtieron en símbolos de las protestas.
Hasta el 8 de mayo se denuncian 548 presuntas desapariciones. Según la Fiscalía General de la Nación, al 23 de mayo, 290 personas ya fueron ubicadas y 129 aún se encuentran en proceso de verificación y ubicación. Aunque para el 24 de mayo solo se había denunciado una supuesta desaparición durante las protestas, al 4 de junio continúan 91 personas desaparecidas según la Fiscalía General de la Nación.
Heridos
Han resultado más de 2149 heridos según el Ministerio de Defensa (1062 civiles y 1083 policías) hasta el 25 de mayo; La ONG Temblores denuncia, hasta el 22 de mayo, 2.905 casos de violencia policial incluyendo 21 casos de violencia sexual. Se reportan hasta el 23 de mayo, 149 agresiones a periodistas en las protestas, por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Se registran agresiones por acción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), heridos por tanquetas, y por armas de fuego. Al menos 103 personas fueron víctimas de lesiones oculares del 28 de abril al 20 de julio de 2021, el 14 % tuvo pérdida total del ojo y otro 14% pérdida total de la vista, como consecuencia de enfrentamientos con el ESMAD, según un informe de Amnistía Internacional, Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes.
Entre los policías heridos se registran ataques con artefactos incendiarios, ácido, víctimas oculares, y un caso de violencia sexual en medio de las protestas y disturbios.
Detenidos y desaparecidos
Hasta el 23 de mayo se reportaban 1264 personas detenidas arbitrariamente. La Fiscalía General de la Nación reporta, el 3 de mayo, 278 capturados y 83 imputados. Hasta el 22 de mayo reportan 331 capturados por bloqueos. 5 jóvenes fueron enviados a la cárcel por su participación en el paro en Boyacá. Hasta el 9 de junio de 2021 en Nariño se reportaron 476 detenciones arbitrarias.
14479 señales de tránsito, 28 peajes, 4 básculas de pesaje, 1 puente,114 cámaras de seguridad, 21 bienes culturales, 49 cámaras de fotomulta, y 62 semáforos.
96 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 3 distritos de policía, 10 estaciones y 475 vehículos institucionales atacados en varias ciudades.
Más de 108 estructuras gubernamentales, como las 6 alcaldías municipales atacadas en: Chía (Cundinamarca), Acacias (Meta), Jamundí (Valle del Cauca), Pasto (Nariño), Popayán (Cauca), La Plata (Huila). Así mismo, también fue quemada la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Popayán, el Palacio de Justicia de Tuluá, y el Edificio de la Gobernación de Nariño.
Se registran más de 126 ataques a misiones médicas y ambulancias en el país. Los bloqueos de vías ocasionan 2 muertes de menores de edad, quienes eran transportados en ambulancias.
También se han presentado ataques vandálicos y saqueos a 363 establecimientos comerciales, 433 oficinas bancarias, 420 cajeros, 13 motos particulares, 48 vehículos, 1 hotel y 2 instituciones religiosas particulares hasta el 25 de mayo, durante las protestas y disturbios en distintas ciudades y poblaciones del país. Ataques a las instalaciones de RCN Televisión, NTN24, y de la Revista Semana.
Daños durante las protestas
Bloqueo en la autopista Cali-Yumbo (Valle del Cauca).
Existen múltiples vídeos que se han vuelto virales en redes sociales donde se denuncian, desde el inicio del Paro, a policías y a otros agentes armados del estado que se estarían infiltrando en las marchas para dispararles a los manifestantes en momentos de confusión, al parecer por órdenes superiores, catalogando estas acciones como "Terrorismo de Estado" como si fuesen grupos paramilitares. Así mismo, hay vídeos donde muestran manifestantes capturados y transportados en patrullas de policía y carros civiles con rumbo desconocido, incluso con denuncias que algunos detenidos han aparecido muertos en quebradas y ríos, incluso desmembrados. También se denuncian que policías infiltrados estarían vandalizando comercios, viviendas y bancos, incluso estaciones policiales, con el fin de deslegitimar el Paro Nacional y a quienes participan de él. El gobierno manifestó que investigará estos hechos.
Algunos miembros de la Rama Judicial en Colombia rechazan el actuar de las autoridades. Un juez penal en Bucaramanga, en medio de una audiencia, dijo que «en los últimos meses hemos estado viendo cómo la Policía se ha convertido en una fuerza terrorista». Por su parte, la Policía rechazó el actuar del juez y anunció medidas legales y disciplinarias contra el togado ante las respectivas autoridades competentes.
Las multitudinarias protestas y, en general, la oposición generalizada a la reforma provocó una devaluación del precio del peso colombiano. Así mismo, causó el hecho de que la inestabilidad financiera hiciera que los bonos de inversión de Colombia se vendieran como si el país no tuviera calificación de riesgo. Posteriormente, el retiro del proyecto de reforma tributaria provocó, como ya se preveía, la pérdida de la calificación de riesgo que poseía Colombia, de BBB- a BB+, quitándole el grado de inversión, (El cual se tardaría en recuperar entre dos años a doce años). También comenzó a haber escasez de dólares en circulación. La inflación, como consecuencia de las manifestaciones, alcanzó el 1 % mensual y el 3,30 % anualizada. Alrededor de 40 000 comerciantes cerraron sus negocios según la Federación nacional de Comerciantes (Fenalco).
Solo el primer día de protestas, y como consecuencia de los cierres por los toques de queda y manifestaciones, el comercio formal en el país sufrió pérdidas equivalentes a $230.000 millones de pesos colombianos; para el 2 de mayo, las pérdidas alcanzaron los 300 000 millones de pesos, cifra que se elevó a $880 000 millones para el 6 de mayo, a $8.3 billones el 14 de mayo, a $10.2 billones el 19 de mayo y a $19.3 billones de pesos el 6 de junio (equivalente al 2 % del producto interno bruto). Así mismo, y debido a los bloqueos de carreteras, los precios de los alimentos aumentaron. El sector productivo reportó escasez de huevos y pollos en el mercado,y pérdidas. También ha habido escasez de combustible. Se elevaron los precios de la carne, el huevo, el pollo y la leche. Se denunció robo de ganado. Se presentó desabastecimiento de alimentos y combustible en algunas regiones. Cierre de plantas industriales.
En Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas, se presentaron importantes afectaciones al turismo, junto al departamento de Cauca, perdió el 4 % de su economía y el 16 % de las empresas quebraron; esta cifra fue de 21 % en Cauca. El 90 % de las empresas en esa región no pudieron operar por más de un mes, cifra que fue del 22 % a nivel nacional. En Bogotá se establece en 6900 millones de pesos la recuperación por vandalismo.
El partido por Copa Libertadores entre Junior y River Plate se jugó normalmente en Barranquilla el 12 de mayo, aún con disturbios severos a las afueras del Estadio Romelio Martínez. El partido se tuvo que pausar en varias ocasiones debido a los gases lacrimógenos que se respiraban desde el terreno de juego. Al terminar el partido, el director técnico de River, Marcelo Gallardo, se pronunció calificando la situación como anormal. Ese mismo día, el partido entre Nacional y Atlético Nacional fue retardado por las manifestaciones en Pereira. Una situación similar se vivió tras el partido entre América de Cali y Atlético Mineiro en Barranquilla el 13 de mayo, partido que debió detenerse debido a los gases lacrimógenos.
La Confederación Sudamérica de Fútbol (CONMEBOL) manifestó su preocupación de cara a la Copa América 2021, que realizarían de forma conjunta Colombia y Argentina, tanto por el alcance de la pandemia en Colombia como por las protestas. Se manifestaron las posibilidades de realizar la competición únicamente en Argentina o, en su defecto, en Paraguay. Aun así, el 5 de mayo, el presidente Iván Duque afirmó que la organización de la Copa América en Colombia seguía en pie. Y aunque el 13 de mayo CONMEBOL había ratificado a Colombia como sede de la Copa América, días después rectificó su decisión retirándole al país la sede cuando el gobierno nacional solicitó a la CONMEBOL aplazar el torneo para noviembre, aduciendo razones de calendario para no acceder al pedido.
Consecuencias en transporte terrestre y vías nacionales
Se presentaron múltiples bloqueos en vías principalmente del Pacífico, del centro del país, entre otros.
En el Valle fue donde hubo más bloqueos viales, desde el puerto de Buenaventura fue crítica la situación debido a que las vías de entrada y salida hacia y desde el interior del país estaban bloqueadas.
Vía Sur - Norte: Bloqueo en el sector Zarzal (Universidad del Valle, sede las Balsas); bloqueo en el sector La Paila (Vía hacia el sur); bloqueo en el sector Buga.
Vía Norte - Sur: Bloqueo en el sector Buga; bloqueo en el sector La Paila (sentido La Paila - Cartago y sentido La Paila - Armenia); bloqueo en el sector Quebrada Nueva (unos minutos); bloqueo en el sector Peaje Corozal (ambos sentidos); bloqueo en el sector Calarcá (Vía hacia La Línea).
Estos puntos fueron los más críticos desde y hacia el puerto de Buenaventura en el Valle y Quindío.
Reacciones
Nacionales
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) rechazó los actos vandálicos ocurridos durante el Paro Nacional. Además, la Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció a favor de un diálogo, de posponer las marchas y de cambiar la reforma tributaria. Los rectores de siete universidades del país se manifestaron a favor de las movilizaciones pacíficas y de un diálogo amplio de los actores sociales.
Se mostraron a favor diversos personajes como el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, quien invitó a participar del paro, al igual que el senador Gustavo Bolívar y el alcalde de Cartagena William Dau. Además, la actriz Lina Tejeiro, el comediante Alejandro Riaño, el actor Julián Román, la actriz Esperanza Gómez, la banda colombiana Morat, y los cantantes Adriana Lucía, Mario Muñoz y Karol G. También mostraron su respaldo al Paro Nacional los jugadores profesionales de fútbol que participan de las ligas nacionales, pidiendo incluso suspender el fútbol colombiano. De la misma manera, artistas colombianos como Shakira, Juanes, Sebastián Yatra, J Balvin así como los deportistas Egan Bernal, Radamel Falcao, Juan Fernando Quintero, así como el exfutbolista René Higuita entre otros, se han manifestado en solidaridad con las víctimas, y han hecho un llamado al cese de la violencia, así como le han solicitado al gobierno escuchar al pueblo colombiano.
Mostraron su rechazo personajes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se manifestó en contra del paro y a favor de la reacción armada de la Fuerza Pública, por lo cual fue bloqueado un trino de su cuenta en Twitter. También se mostraron en contra el político Miguel Uribe, la periodista Vicky Dávila, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, la cantante Marbelle, y los exfutbolistas Faustino Asprilla, y Eduardo Pimentel. También, La senadora María Fernanda Cabal niega que existe el derecho fundamental a protestar en Colombia, a pesar de que se encuentra establecido en la constitución política de 1991 y ha intentado politizar la fuerza pública para esta causa.
Internacionales
Gobiernos
Argentina: El Presidente de Argentina, Alberto Fernández expresó desde Twitter su preocupación por la represión en Colombia, a la que se refirió como violencia institucional. «Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social» y añadió una alusión directa al gobierno del país, instándole a detener la violencia institucional.
Bolivia: El Presidente de Bolivia, Luis Arce expresó su preocupación por la crisis en Colombia y espera que el país pueda resolver de forma interna el conflicto y a la brevedad posible, declarando lo siguiente: «Lamentamos lo que está pasando en Colombia y esperamos que el pueblo colombiano pueda resolver internamente sus problemas y que no necesite de nadie para que esto pueda resolverse a la brevedad posible porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas y esperamos que esto no pase a mayores».
Chile: El Ministro Portavoz del Gobierno de Chile, Jaime Bellolio, declaró que «la violación de los derechos humanos debe ser perseguida sin matices», al referirse a la situación de Colombia.
Ecuador: El entonces Presidente de Ecuador, Lenin Moreno instó al gobierno de Nicolás Maduro a terminar con la "injerencia" en Colombia y permitir así la estabilidad en el país liderado por Iván Duque. «El pedido es que Maduro saque sus manos sangrientas y corruptas de la democracia y de la estabilidad del pueblo colombiano», manifestó el mandatario tras participar como orador principal del foro "Defensa de la Democracia en las Américas" organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Miami.
España: La ministra de Asuntos exteriores llamaba a las dos partes a la calma, al cese de la violencia y al diálogo como manera de reconducir discrepancias que pudiesen existir. A la vez veían con preocupación los actos violentos de las fuerzas del orden contra el Derecho a manifestación, reunión y expresión.
Estados Unidos: El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió al gobierno colombiano "máxima moderación" por parte de la fuerza pública para evitar más pérdidas de vidas. De la misma manera, el representante demócrata Gregory Meeks de Cámara de Representantes pidió disminuir la violencia y retirar el apoyo militar al gobierno colombiano de continuar las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las autoridades. El representante demócrata Jim McGovern por su parte expresó su rechazo a un excesivo uso de la fuerza. El asesor de seguridad de Estados Unidos sobre América Latina Juan González expresó «La protesta pacífica es un derecho fundamental, pero la violencia y el vandalismo no».
Perú: La Cancillería del Perú comunicó que: «lamenta profundamente los actos de violencia y las víctimas ocurridas en Colombia», y recalcó que a ambos países los une las buenas relaciones y la cooperación».
Santa Sede: El Papa Francisco expresó su preocupación por las manifestaciones: «Quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia, que han provocado muertos y heridos», dijo el papa, en un mensaje después de la oración dominical del 9 de mayo.
Uruguay: Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay expresaron «preocupación ante los graves actos de violencia sucedidos en los últimos días en Colombia», instando a recobrar «rápidamente los canales de diálogo y paz en el marco del pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y de respeto de los derechos humanos».
Organización de las Naciones Unidas: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por la represión policial contra las protestas en Colombia. Invitó a las autoridades colombianas a ejercer la moderación durante las protestas. En cuanto a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la comisionada Juliette de Rivero comunicó que miembros de la Alta Comisión fueron amenazados y agredidos en Cali mientras investigaban la violación de derechos humanos contra los manifestantes.
Unión Europea: El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, expresó que «acompañamos la situación de cerca, y condenamos los actos de violencia» e informó que «es realmente una prioridad contener la escalada de violencia y evitar el uso desproporcionado de la fuerza».
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América: Condenó el uso excesivo de la fuerza de los agentes de seguridad de Colombia en las protestas mediante un comunicado: "La Alianza, fiel a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la justicia social y a la paz, condena el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado colombiano".
Otras entidades
Amnistía Internacional: denunció el actuar violento y represivo de las fuerzas de seguridad colombianas, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y cómo ha causado cientos de víctimas de traumas oculares. Documentó 12 de tales casos de violencia policial, que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles.
Internacional Progresista: Emitió una declaración en la que condenaba la brutalidad política y la administración de Iván Duque, al tiempo que llamaba a «las fuerzas progresistas del mundo a responder a su llamado y exigir que el gobierno de Duque rinda cuentas en todas las comunidades, tribunales y parlamentos en los que trabajamos».
Human Rights Watch: José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, manifestó su “enorme preocupación por la situación en Colombia”. «Reitero mi llamado urgente a que la protesta sea pacífica y las fuerzas de seguridad respeten los DDHH. Hemos podido confirmar 6 muertes relacionadas con las protestas», publicó Vivanco en Twitter.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Se pronunció por la decisión del presidente Iván Duque de desplegar militares: «La CIDH reitera las obligaciones internacionales del Estado sobre seguridad interna y estándares interamericanos que disponen que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada», expresó el organismo vía Twitter.
Grupo de Puebla: Manifestó su preocupación por la situación de violencia que golpea a Colombia y por los excesos injustificables en el uso de la fuerza que atentan contra garantías y libertades propias de la democracia y el Estado de derecho.
Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano: Declaró que condena los hechos de violencia ocurridos en la hermana República de Colombia, durante las movilizaciones sociales realizadas contra la propuesta de reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y los problemas estructurales que afectan a la sociedad colombiana.
Partido Socialista Unido de Venezuela: El partido oficialista venezolano señaló que el "hermano pueblo de Colombia", que "sufre en sus calles el asesinato de sus hijos e hijas en manos de quienes manchan sus manos y conciencia con la sangre de quienes solo alzan su voz, pero reciben la descarga de fusiles". Según el PSUV, el Gobierno de Duque viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional "que consagra el sagrado derecho a la vida y el respeto a la autodeterminación de los pueblos". Además, lamentó la "complicidad" de organismos como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima, la Unión Europea o Estados Unidos.
Bancada legislativa electa de Unión por la Esperanza de Ecuador: Realizó una publicación en la cual insta a autoridades colombianas a frenar el clima de violencia.
El movimiento social ha inspirado una serie de manifestaciones artísticas de diversos géneros y se han observado una serie de referencias culturales simbólicas.
Música
Varios artistas colombianos de géneros como el rap, música protesta, champeta, bullerengue entre otros realizaron canciones referentes a las protestas y en contra de las medidas del gobierno. Además se popularizaron otras canciones de protesta anteriormente usadas en las marchas, plantones y manifestaciones. Se registró una caída en la audiencia del reguetón durante el paro nacional. De igual manera se realizaron coreografías, batucadas, conciertos y bailes de vogue. La banda musical estadounidensePlanet X publicó PX099, una recopilación de techno con canciones de los artistas de la escena internacional para llamar la atención sobre las protestas., mientras que la colectiva nacional Fuerzas Sónicas Unidas difundió 5 álbumen de música electrónica, a través de la plataforma Bandcamp, con el fin de recolectar recursos para estudiantes afectados durante los choques contra la Policía Nacional.
Símbolos
Se popularizó durante las protestas la bandera de Colombia invertida, las imágenes de los monumentos derribados, los murales con frases de protesta y rostros de personas fallecidas durante las protestas como Lucas Villa. El uso de cascos haciendo referencia a los manifestantes.
↑ abcdefghiVarios autores, Varios autores (2023). «"Presentación"». En Celis Ospina, Juan Carlos, ed. Estallido social 2021. Expresiones de vida y resistencias. Siglo del Hombre editorial, Universidad del Rosario, Colectivo La MaríaCano, Rosa Luxemburg Stiftung. p. 17 - 18. ISBN978-958-665-761-7. Consultado el 21082023.